La implícita modificación del nuevo Código Penal se suma a un conjunto de medidas que el Gobierno se ha visto en la necesidad de dejar sin efecto
Por Ronny Mateo
Santo Domingo. La implícita modificación del nuevo Código Penal, promulgado recientemente mediante la Ley 74-25, se suma a un conjunto de medidas y proyectos de ley que el Gobierno dominicano se ha visto en la necesidad de revocar o dejar sin efecto en los últimos seis años ante la falta de consenso.
Fuertes presiones de índole social, fundamentadas en el criterio de que la pieza vulnera derechos fundamentales relativos a la libertad de expresión y la libre difusión del pensamiento, motivaron a que la Cámara de Diputados anunciara formalmente la revisión y reforma de los artículos que generan discordia.
La postura crítica sobre este tema ha sido liderada principalmente por profesionales de los medios de comunicación y comunicadores, quienes advierten que el nuevo texto legal, pautado para entrar en vigencia el próximo 3 de agosto, penaliza la difamación y las expresiones ofensivas hacia funcionarios públicos con penas de prisión en sus artículos 208, 209 y 310.
Las decisiones gubernamentales para dejar sin efecto iniciativas de interés nacional han estado sustentadas y argumentadas en el predominio del interés colectivo por encima del particular.
Al evaluar los antecedentes de la presente gestión gubernamental, se evidencia que el listado del “recule” ha sido amplio.
Por ejemplo, el 4 de mayo pasado, el presidente Luis Abinader se vio compelido a detener cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero en la provincia de San Juan, decisión que aseguró reafirmaba el compromiso de su Gobierno con la escucha activa, la responsabilidad institucional y el respeto a la voluntad de la ciudadanía. Cientos de dominicanos protestaron en San Juan en contra de la exploración minera.
En octubre del año 2024, transcurridos apenas cinco meses desde la celebración de los comicios presidenciales, el Poder Ejecutivo impulsó un proyecto de reforma fiscal con el objetivo de subsanar el déficit presupuestario, lo que detonó semanas de intensos debates públicos, manifestaciones ante el Congreso Nacional y cacerolazos nocturnos.
Para justificar el retiro de la pieza en aquella ocasión, el gobernante aclaró que, aun cuando el proyecto impositivo fue diseñado con un alto sentido de responsabilidad y urgencia para sanear las finanzas del Estado, resultaba evidente que la propuesta no lograba reunir el consenso necesario entre los diversos sectores.
En el año 2023, otro proyecto de ley generó una profunda indignación y enojo en la población, lo que obligó a las autoridades correspondientes a ordenar el retiro inmediato de la iniciativa. Se trata del proyecto sobre Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, que había sido sometido oficialmente por el Poder Ejecutivo.
El aspecto más controversial de dicho anteproyecto fue su artículo 63, el cual disponía que las víctimas de trata y tráfico ilícito de personas debían agotar los trámites regulares y obligatorios ante las autoridades para la obtención de permisos migratorios y de residencia oficial.
Durante el año 2022, y tras un complejo proceso de discusión, se procedió a dejar sin efecto una resolución conjunta emitida por el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Dirección General de Presupuesto (Digepres) que buscaba limitar el ingreso o traslado de personal en las instituciones públicas.
En ese mismo año, la opinión pública rechazó de manera contundente y generalizada un potencial incremento en las tarifas y las facturas del servicio eléctrico nacional, lo que llevó a las autoridades a tomar medidas inmediatas para frenar dicho descontento.
Ante las constantes reclamaciones de la ciudadanía, el Gobierno informó que había tomado la determinación de paralizar las próximas alzas de la tarifa eléctrica hasta tanto cambiasen las condiciones económicas que afectaban al país.
Por otra parte, el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, el cual contemplaba la imposición de sanciones penales de hasta cuatro años de prisión contra ciudadanos que realizaran publicaciones consideradas discriminatorias en medios digitales, también pasó a formar parte de las iniciativas revocadas.
Para argumentar el retiro de este anteproyecto de la Cámara de Diputados, las autoridades explicaron que la medida buscaba facilitar y viabilizar las labores técnicas que desarrollaría la Comisión Consultiva encargada de revisar y actualizar toda la legislación sobre libertad de expresión.
Asimismo, el 11 de enero de 2022, la Cámara de Diputados aprobó el contrato de fideicomiso para la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC); sin embargo, tras recibir serios cuestionamientos, el mandatario anunció el aplazamiento de su conocimiento legislativo para remitir la pieza ante el Consejo Económico y Social (CES).
Adicionalmente, la Dirección General de Migración (DGM) contemplaba iniciar la entrega de los carnets de “Habitante Fronterizo” a extranjeros que entran al país por la frontera para actividades diarias sin fines de residencia, pero el plan fue suspendido de forma definitiva tras el rechazo popular.
El primer gran revés legislativo ocurrió con la propuesta de reforma fiscal del año 2021, introducida en momentos en que el país lidiaba con el confinamiento por la pandemia, lo que provocó que el gobernante anunciara el 27 de octubre de ese año que desestimaría el sometimiento de dicha reforma.
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